SANTO DOMINGO. – La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República continúa trabajando de forma abierta y coordinada con instituciones del sistema judicial y organizaciones sociales para actualizar el Proyecto de Ley de modificación al Código Procesal Penal de la República Dominicana, informó este miércoles el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El representante de Sánchez Ramírez explicó que el proceso se desarrolla sobre la base de la consulta pública y el consenso institucional, involucrando a entidades como la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como organismos de la sociedad civil. Estas consultas buscan garantizar que la nueva legislación responda a las demandas actuales del sistema judicial y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Todo ciudadano tiene derecho a ver, opinar y aportar sobre el contenido del proyecto, porque estamos abiertos a escuchar todas las voces”, expresó De los Santos, al destacar la transparencia y participación ciudadana que acompañan el proceso legislativo. No obstante, reconoció que “no todos quedarán complacidos con las decisiones que se adopten”, debido a la complejidad y amplitud de la reforma.
Durante su participación en el programa El Día, transmitido por Telesistema Canal 11, el presidente del Senado explicó que la comisión encargada de la iniciativa continúa la revisión detallada de los artículos que requieren ajustes, tomando en cuenta las observaciones de juristas, instituciones estatales y sectores sociales vinculados al ámbito judicial.
El pasado 9 de octubre, el pleno del Senado aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de modificación al Código Procesal Penal, presentado por los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo y Antonio Taveras Guzmán. Se prevé que la iniciativa sea conocida en segunda lectura durante la próxima sesión legislativa.
Con esta propuesta, el Senado de la República Dominicana busca modernizar el marco procesal penal, adaptándolo a las nuevas realidades jurídicas, tecnológicas y sociales del país, garantizando a la vez mayor eficiencia y equidad en la administración de justicia.
